Desde finales del siglo pasado, la evidencia ha mostrado el funcionamiento de Estados frágiles con graves vacíos a nivel institucional, regulatorio y administrativo. Sólo en algunos pocos casos la arquitectura institucional y legal no ha sido el resultado de indebida injerencia, manipulación, e incluso captura, cooptación o reconfiguración por parte de élites que ostentan poder económico, político o incluso criminal, para el beneficio de sus intereses egoístas y excluyentes, sin debida corresponsabilidad social y en detrimento de los intereses colectivos y del bienestar social. De esta manera, en amplias regiones del mundo ha sido común encontrar la indebida injerencia de élites que, mediante la interacción con agentes legales, ilegales, públicos y privados, han influido indebidamente en el desarrollo de instituciones en el contexto de una supuesta democracia formal.
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