El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, anunció (Ver nota de prensa) que el 20 de septiembre de 2024 “iniciará la ruta de reparación de las víctimas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con la entrega de al menos 3000 hectáreas de tierras, después de 15 años de espera y de sacrificio”.
El anuncio coincide con el fallo de nulidad (Ver documento) parcial de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por parte del Consejo de Estado al reconocer una de las pretensiones de la demanda interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Ambiental Tierra Digna y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Asoquimbo consistente en que al momento de la expedición de la Resolución 0899, no existían tierras en el área de influencia directa del proyecto aptas para desarrollar actividades agrícolas. Para la Sala, la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PHEQ presentó deficiencias “en razón a que no caracterizó adecuadamente los impactos socioeconómicos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el componente productivo del sector agrícola, ni estableció obligaciones apropiadas para compensar tales afectaciones”.
Con la aprobación irregular de la Licencia Ambiental y la imposición del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por la empresa ENEL EMGESA y el Estado, diversos sectores sociales se vieron obligados a abandonar sus territorios fenómeno denominado “desplazamiento por desarrollo” o acumulación por despojo, generando “víctimas del desarrollo”, debido a la destrucción de los medios de vida y por el desplazamiento al que se someten de manera forzada. Varias de estas poblaciones también fueron víctimas del conflicto armado.
El desplazamiento forzado conduce a una situación de violación múltiple de derechos (Ver documental El gigante), sean ellos de tipo civil y político, o de tipo económico, social y cultural, que ocurren a su vez sobre un número plural y masivo de personas, razón por la cual surge Asoquimbo que desde su fundación declaró la Resistencia Civil Permanente contra la construcción de la represa El Quimbo por la Defensa del Territorio, la Biodiversidad Natural y Genética, el Macizo Colombiano y los derechos de las comunidades víctimas del PHEQ y reconoció que el único interlocutor válido es el Estado debido a que otorgó la Licencia Ambiental y, en consecuencia, debe responder por todos los daños económicos, socioambientales, culturales, incluidos los sobrevinientes causados por la Empresa ENEL y por su omisión al no cumplir con las obligaciones de seguimiento y compromisos establecidos en dicha Licencia.
En coherencia con lo anterior, Asoquimbo, Tierra Digna y RIDH Peticionan a la ONU Evaluar el Caso del Quimbo ante las graves violaciones a los Derechos Humanos por parte del Gobierno Colombiano y la Empresa ENEL.
Además, La Comisión Internacional de Juristas -CIJ- Informe de Misión El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia, le da la razón a la organización al concluir que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”. https://www.refworld.org.es/pdfid/57f795ac1c.pdf.
La reparación anunciada por el Gobierno con la adjudicación de tierras demandada por Asoquimbo desde su fundación es el resultado de 15 años de resistencia argumentada, reconocida a nivel institucional por la Corte Constitucional en la Sentencia T 135 del 2013, en el Decreto 1277 de 2013 que priorizó a las víctimas de ENEL y el Estado al establecer un programa especial de Dotación de Tierras; en cuatro Informes de Auditoría a la ANLA realizados por la Contraloría General de la República -CGR- donde se demandan investigaciones de carácter disciplinaria y penal por no ejercer sus funciones de seguimiento y actuar a favor de la Empresa y que producto de las movilizaciones recientes obligaron al gobierno actual a reparar en parte a las víctimas al incluirlas en el Programa de Reforma Agraria.
Es el inicio de una ruta de reparación de daños causados por ENEL y el Estado que se espera con la orden del Consejo de Estado a la ANLA de modificar la Licencia Ambiental realizar los estudios necesarios para valorarlos y cuantificarlos con la participación de las víctimas del desarrollo.
* Tomado de Blog Miller Dussán
