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¿Cuál educación para cuál paz? Profesor Mario Hernández

mario hernandez

Publicamos la intervención del Profesor Mario Hernández en en marco de la "Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia" desarrollada del 6 al 12 de abril de 2015 en Bogotá.

¿Cuál educación para cuál paz?[1]

Mario Hernández Álvarez[2]

La pregunta

En esta Cumbre mundial de arte y cultura para la paz de Colombia se incluyó el tema de la educación, seguramente por la asociación implícita entre la construcción de paz y el papel de la educación en todos los niveles, la cual comparto y me resulta obvia. La educación produce cultura. La educación construye sociedades diferentes en un mundo que se resiste al pensamiento único, a pesar de las fuerzas que lo impulsan y lo sostienen. Pero también es cierto que la educación puede reproducir un estado de cosas en lugar de transformarlo. Si se quiere avanzar en la asociación entre educación y construcción de paz, es necesario sostener una pregunta: ¿cuál educación es aquella que contribuye a construir paz, en una sociedad concreta como la colombiana?

Para proponer una respuesta coherente, esta ponencia irá en un sentido inverso: primero, tratar de darle algún contenido a la idea de paz, con la intención de proponer un horizonte de sentido que sirva de referente a la educación que se requiere; segundo, el tipo de educación que podría contribuir a construir paz, no en abstracto, sino en esta sociedad compleja y conflictiva que tenemos en Colombia; tercero y con base en lo anterior, una valoración de la política de educación que se ha desarrollado en Colombia después de la Constitución de 1991; y cuarto, el esbozo de una propuesta de transformación a la que denomino “otro pacto para una educación que contribuya a la paz”.

¿Cuál paz?

No es difícil aceptar la afirmación de que la firma de un acuerdo de paz que termine el conflicto armado entre el Estado y la insurgencia no significa tener una sociedad en paz. De hecho, la mejor expresión para lo que sigue debería ser el “post-acuerdo”, como muchos lo han propuesto, y no el “post-conflicto”, pues las razones del conflicto armado y de otros conflictos sociales no desaparecen con la firma del anhelado acuerdo. Es claro que un conflicto armado que ha durado más de medio siglo debe tener condiciones materiales que lo explican históricamente, además de valoraciones, incluso justificaciones ético-políticas que lo sustentan y que tendrían que ser analizadas a profundidad, para tratar de transformarlas y avanzar hacia una sociedad en paz.

No es el espacio para entrar en análisis profundos y habrá que esperar a la divulgación de los doce ensayos de la “Comisión histórica sobre el conflicto y sus víctimas”, recientemente presentados en la mesa de negociación de La Habana. Pero quisiera intentar una síntesis de los que, a mi juicio, constituyen algunos elementos explicativos del conflicto armado y de esta sociedad que se resiste a resolver sus conflictos a través de vías no violentas:

Una forma de inserción al capitalismo global en el largo plazo que nunca resolvió la tensión entre la industrialización y la agroexportación cuando se pretendía inducir transformaciones desde el Estado durante el siglo XX, y que desde los años noventa abandonó la ruta de un mercado interno fuerte y autónomo para retomar, más pronto que nuestros vecinos latinoamericanos, la apertura comercial, la financiarización y la reprimarización ambientalmente insostenible en la que hoy se encuentra la economía colombiana (Estrada, 2004; Giraldo, 2005; Misas, 2002).

Una enorme concentración de la riqueza que consolidó, también en el largo plazo, una sociedad jerarquizada, con brechas cada vez más amplias entre clases sociales no reconocidas, entre la vida urbana y la campesina, entre mujeres y hombres, entre etnias y entre regiones, diferenciadas por la apropiación desigual de sus recursos, todo ello estimulado por las normas que las mismas élites propietarias han establecido a través del Estado (Fajardo, 2014).

Un sistema político cerrado de tiempo atrás por el bipartidismo en el que no hubo posibilidad de tercera fuerza alguna que permitiera el contraste de visiones de sociedad y de país, bajo el manto de ser la “democracia más estable de América Latina”. No en vano los grupos subversivos son hijos todos del Frente Nacional. En medio de la alianza con la hegemonía estadounidense durante la Guerra Fría, esta supuesta democracia ha sostenido una guerra de baja intensidad que hoy nos agobia y nos hace suponer que el conflicto armado es un asunto de unos pocos actores (Gutiérrez Sanín, 2007; Medina, 1997).

Una redistribución marginal por parte del Estado, nunca en la lógica de los estados de bienestar ni de los derechos de ciudadanía que se consolidaron en la posguerra en muchos países, sino de asistencialismo para pobres y acceso desigual por sectores sociales a bienes y servicios de acuerdo con su “capacidad de pago”, es decir, con su propiedad, no con su condición de ciudadano (Hernández, 2004; 2008).

En fin, una sociedad que a falta de pactos políticos respetados y sólidos en el largo plazo, aprendió a vivir desde la lógica del “sálvese quien pueda”, del “cómo voy yo ahí” y del “más vale ser rico y sano que pobre y enfermo”. Esta es una cultura política predominante, no sólo una forma de vida. Podría denominarse de manera muy elegante “individualismo liberal”, pero también es esto lo que con frecuencia se denomina “cultura y economía mafiosas”. Tal vez por eso se dice que los colombianos somos muy “avispados” y que tenemos “madera de emprendedores”. Nada más funcional al globalismo neoliberal predominante.

Si se quiere construir una sociedad en paz, que no resuelva de manera sistemática sus diferencias por la vía violenta, tendrá que afrontarse este modo de vida, afectando las relaciones entre las personas, pero también generando rutas de transformación de las estructuras y las instituciones que las reproducen. No es sólo un asunto de incorporar ciertos valores de respeto por el otro y de buen comportamiento ciudadano, como propone el profesor Antanas Mokus, aunque esto también importa. Es necesario afectar la organización social en la que esta dinámica se ha construido, cosa que no será posible sin pactos conscientes entre sectores de la sociedad, organizados y no organizados, incluyendo a aquellos que no tienen voz ni el poder suficiente para ser escuchados.

Para decirlo de manera corta y directa, una sociedad en paz no es aquella que no tiene conflictos. Esta sería una sociedad muerta, estática, ahistórica. Una sociedad en paz es aquella que reconoce su constitución diversa y trata por todos los medios de favorecer la realización humana en toda su diversidad. Por ello la alternativa de una democracia real, no formal, adquiere un peso muy importante en su construcción. Democracia real implica distribución de los medios y las condiciones materiales según necesidades y proyectos diversos y no según la apropiación previa, individual o familiar, de los mismos. Implica una participación real y efectiva en las decisiones personales y colectivas, y no solamente el derecho al voto. En fin, una sociedad en paz significa una forma de organización solidaria e interdependiente, que combina el reconocimiento de las diferencias con la redistribución de recursos para superar desigualdades injustas, a partir de procesos, reglas y escenarios de participación para el ejercicio democrático del poder social.

Esa sociedad seguramente no podrá seguir atada al proyecto depredatorio del capitalismo contemporáneo y tendrá que afectar las formas de poder –económico, político, ideológico y militar- que reproducen la trayectoria que la sociedad colombiana ha tenido. Es allí donde tendrá que discutirse qué tipo de educación puede aportar en un proyecto social de este tipo.

¿Cuál educación?

La educación tiene un gran potencial transformador de la sociedad. Pero también puede ser tan conservadora que tienda a reproducir un estado de cosas. Si se trata de cambiar profundamente nuestra organización social, la educación, desde esta perspectiva, debería tener ciertas características.

Una educación concebida como un derecho humano fundamental y por lo tanto de acceso universal en todos sus niveles y opciones, pero con la capacidad de facilitar y estimular los proyectos de vida diversos y las trayectorias diferentes, según capacidades, talentos, aspiraciones y culturas.

Una educación crítica, no repetitiva, capaz de poner en duda lo existente, al tiempo que valora la historicidad del conocimiento y sus posibilidades de transformación y resolución de problemas cotidianos.

Una educación democrática, no jerárquica, que trata al educando como un sujeto, no como un depósito por llenar, y que favorece en la práctica sus procesos de construcción de autonomía, personal y colectiva.

Una educación que asume como problema las desigualdades injustas y las estructuras que producen y reproducen la sociedad violenta que tenemos, para proponer transformaciones profundas y construir nuevas prácticas sociales, económicas y políticas para impulsarlas.

Una educación que haga consciente la interdependencia humana y supere la ideología individualista del esfuerzo y el interés personal, para construir solidaridad humana desde el reconocimiento de la igual dignidad de las personas.

En últimas, como decía el maestro García Márquez en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994, “una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma”.

Como vamos, vamos mal

El referente más cercano de algún pacto nacional -si es que se puede denominar así- sobre la educación en Colombia fue el establecido en la Constitución Política de 1991. La educación aparece entre los artículos 67 y 69, ubicados en el capítulo 2 “De los derechos sociales, económicos y culturales”, del título II “De los derechos, las garantías y los deberes”. Obsérvese que no hace parte de los derechos fundamentales, ubicados en el capítulo 1 de ese mismo título. Si así fuera, la educación sería entendida como una condición necesaria para la vida humana que no puede dejar de garantizarse por parte de la sociedad, a través de la forma de poder político a la que denominamos Estado. Pero no hay tal. En el artículo 67 sólo se entiende como “un derecho de la persona” –es decir, individual- y “un servicio público”, como el agua o la energía eléctrica. Por eso, a la hora de organizar un sistema de educación se le asocia simplemente al acceso a una institución que provea ese servicio, no importa su naturaleza, sus objetivos o sus intereses.

El mismo artículo 67 habla de la “responsabilidad” compartida entre el Estado, la sociedad y la familia para su garantía, cosa que parece razonable, pero también abre la puerta a un sistema mixto que combina capacidad de pago e instituciones públicas y privadas, de manera que se abandonó el modelo de provisión pública universal que otros países decidieron de tiempo atrás. Esta dinámica mixta se asumió como natural en todos los niveles de la educación.

Con base en lo anterior, las leyes que reglamentan este mandato constitucional -Ley 115 de 1993 y Ley 30 de 1992- desarrollan esta distribución de la provisión de educación entre el Estado y un mercado poco regulado. En la última década, el modelo de financiamiento público de la educación avanza hacia una transformación progresiva del financiamiento de la oferta hacia el de la demanda, de manera que los recursos disponibles por parte del Estado dejan de asignarse a las instituciones estatales por medio de presupuestos y pasan a convertirse en “pago por cupo” o “por estudiante atendido”. En la educación básica, primaria y secundaria el modelo es el de concesión de grandes infraestructuras para su administración por parte de colegios privados. En educación superior, se concreta en el traslado de los recursos públicos hacia el crédito educativo de los sectores medios y el reciente programa del gobierno Santos de la beca-crédito para pobres, denominado “Ser pilo paga”.

Esta tendencia ha generado varios problemas, pero el más importante es la asociación cada vez más marcada entre el acceso a la educación y la capacidad de pago de las familias, con calidades desiguales. Parece natural en Colombia que quien más tiene más obtiene y más puede elegir. Si se es pobre, sólo se tiene la opción de una trayectoria en instituciones públicas precarias, la ubicación en la formación para el trabajo o en colegios y universidades privadas de mala calidad. Si se pertenece a los sectores medios, cabe la posibilidad de colegios privados o universidades de calidades muy diversas que claramente dependen del valor de la matrícula y de la capacidad de endeudamiento de las familias a través del crédito educativo. Si se es rico, los colegios y universidades privados caros garantizan una calidad educativa mucho mejor y orientada hacia la formación de empresarios y burócratas de alto rango.

Esta asociación entre capacidad de pago y acceso a bienes y servicios se reproduce en todos los sectores: salud, educación, vivienda, transporte, recreación, servicios públicos domiciliarios, etc. Este esquema no hace más que reproducir la desigualdad social, económica y política que ha tenido el país y que subyace a las múltiples violencias, no sólo al conflicto armado.

En el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el presidente Santos se consolida esta lógica, pero con dos elementos más: de un lado, el énfasis en la formación instrumental, técnica y tecnológica para los pobres que no sean suficientemente pilos como para merecer una beca-crédito que les permita entrar a las universidades; y del otro, la ampliación de la competencia entre instituciones públicas y privadas indiferenciadas, en un mercado regulado por sellos de acreditación en el cual quien no logre adaptarse y autosostenerse, desaparece.

En estas condiciones, lamento mucho contradecir el subtítulo aparentemente incontestable de ese plan de desarrollo, esto es, “paz, equidad, educación”. Continuar en esa trayectoria, que cada vez más profundiza las desigualdades, no logrará equidad, menos a través de la educación, y no podrá ir más allá de un acuerdo de paz con una parte de la insurgencia.

Otro pacto para una educación que contribuya a la paz

Si queremos avanzar hacia una sociedad en paz debemos afectar las causas profundas de la guerra. La ruta de una mayor cobertura de servicios educativos ofrecidos por el mercado y subsidiados por el Estado es engañosa y proclive a la reproducción de la desigualdad y la violencia. Se requiere un nuevo pacto social y político en el que podamos afectar las estructuras que reproducen las causas de la guerra y de la salida violenta a muchos otros conflictos más.

Un pacto con este alcance tampoco se reduce a arreglos sectoriales o parciales. Requiere procesos concertados y sostenidos de democratización radical de la sociedad y del Estado, que afecten la distribución de los medios y la redistribución de la riqueza; que desarrollen nuevas prácticas e instituciones para la garantía de todos los derechos humanos, personales y colectivos, de manera interdependiente y solidaria; que signifique un camino hacia una nueva sociedad y no sólo hacia la reparación de las víctimas y la reinserción política y económica de los insurgentes.

En este nuevo pacto la educación debe ocupar un lugar central. Pero no en el sentido predominante de los negocios y de la acumulación de capital. No en el utilitarismo negociante, competitivo y excluyente. No por la utilidad mezquina de formar trabajadores dóciles o empresarios egoístas según los requerimientos del mercado establecido. En esta “educación para la renta”, como la denomina Martha Nussbaum (2010), las artes y las humanidades son un desperdicio.

Todo lo contrario. La educación debe ocupar un lugar estratégico por su potencial transformador, siempre y cuando sea una educación que construya sujetos autónomos, libres, críticos, emancipados, históricos, respetuosos y, sobre todo, solidarios. Siguiendo el legado del maestro Carlos Gaviria (2015), deberíamos “educar para la democracia”, porque de otra forma estaremos violando la dignidad de los seres humanos al convertirlos en medios y no en fines en sí mismos.

En este sentido, Nussbaum llama la atención en su libro Sin fines de lucro: “Si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, éstas desaparecerán, porque no sirven para ganar dinero. Sólo sirven para algo mucho más valioso: para formar un mundo en el que valga la pena vivir…” (Nussbaum, 2010: 189). Llegó la hora de construir un nuevo pacto para que la educación, el arte y la cultura sean un camino amplio y sólido para la paz de Colombia.

Referencias

Estrada J. (2004) Construcción del modelo neoliberal en Colombia, 1970-2004. Bogotá: Ediciones Aurora.

Fajardo D. (2014) Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Universidad Externado de Colombia. Noviembre 15 (inédito). Disponible en:  http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/FajardoDario.pdf (consultado 05-04-15).

Gaviria C. (2015) Educar para la democracia. Las 2 Orillas. La última conferencia de Gaviria. Conferencia dictada en el Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá, el 11 de marzo de 2015. En:  http://www.las2orillas.co/educar-para-la-democracia/ (consultado: 03-04-15).

Giraldo C. (2005) Financiarización: un nuevo orden social y político. En: Salama P, Marques-Pereira J, Lautier B, Le Bonniec Y, Rodríguez O, Giraldo C. Sistemas de protección social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID: 233-283.

Gutiérrez Sanín F. (2007) ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia, 1958-2002. Bogotá: Norma.

Hernández M. (2004) La fragmentación de la salud en Colombia y Argentina. Una comparación sociopolítica, 1880-1950. Colección Sede N° 27. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

(2008) La salud fragmentada en Colombia, 1910-1946. 1ª reimpresión. Bogotá: Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.

Medina M. (1997). Dos décadas de crisis política en Colombia, 1977-1997. En: Arango LG (Ed.) La crisis política de Colombia. Un análisis no coyuntural de la conyuntura. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales-CES, Fundación Social: 3-39

Misas G. (2002) La ruptura de los 90. Del gradualismo al colapso. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas.

Nussbaum M. (2010) Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires/Bogotá: Katz.



[1] Ponencia presentada en el panel “Arte, cultura y educación en la construcción de la paz”, de la Cumbre mundial de arte y cultura para la paz de Colombia. Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Comité de Impulso, Movimiento Cultural Artistas por la Paz. Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá DC, abril 7 de 2015.

[2] Médico, bioeticista, doctor en Historia, Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

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