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Explotación minera contra investigación científica

Por: Carlos Fernando Álvarez, Unimedios

Publicado en: http://www.unperiodico.unal.edu.co

En Colombia desarrollar un proyecto de investigación para acceder a recursos genéticos cuesta $ 200 millones o más, y hay que esperar casi cinco años para que se apruebe. En cambio para minería los tiempos son apenas de tres meses y los requisitos son mínimos. En los últimos 15 años se han otorgado 46 licencias científicas, mientras en 8 años se firmaron 7.800 contratos mineros.

Colombia es una tierra contradictoria. Mientras se le imponen trabas burocráticas y descabelladas a las tareas de investigación científica, que son la puerta de entrada al descubrimiento de curas para enfermedades, con base en los principios activos de las plantas, o el hallazgo de especies nunca antes vistas, las dragas mineras destruyen esa riqueza de la que se ufana el país.

Los permisos expeditos y requisitos fáciles que se dan a medianas y grandes multinacionales extractivas -según denuncias de los pequeños mineros- hacen preguntarse, ¿en qué país vivimos? Ejemplos hay a granel; uno de los que debería dar vergüenza nacional es la destrucción del río Dagua, en el Valle del Cauca, que incluso se usa mundialmente como la radiografía de la ambición humana por encima de la naturaleza y del futuro.

Durante 11 meses, el hermoso torrente de agua fue atracado por 490 excavadoras y dragas que arrasaron con el lecho del río y la vegetación aledaña. Unos 9.000 mineros, desesperados por la fiebre del oro, montaron tiendas, ventas de ropa, minutos a celulares, burdeles y cantinas a lo largo de 20 kilómetros.

El caos llegó a tal situación que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca e Ingeominas tuvieron que desalojar el sitio en el 2009. Sin embargo, el daño era irreversible, como lo demuestran las tomas aéreas, que dan la sensación de que todo el entorno sufrió un bombardeo por los cráteres que quedaron. Pese al desalojo, aún se ven dragas y mineros.

La otra cara

Parece que el Estado no tiene "dientes", recursos ni voluntad para evitar catástrofes ambientales como las del río Dagua, pero sí para restringir el trabajo de los científicos. La profesora Gloria Galeano, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, que lidera una propuesta para investigar las palmas del país, ha tenido que armarse de paciencia. El trámite para el permiso durará cerca de tres años y medio y requerirá una inversión previa de $ 229 millones, con el fin de cumplir los requisitos legales a la hora de tener acceso a material genético con fines científicos.

Mejor se hubiera dedicado a la minería! En promedio las licencias para esta actividad (suspendidas por el momento hasta febrero del 2012) tardan tres meses. Macondiano si se quiere, debido a que la bióloga afrontará un proceso engorroso, ilógico, sujeto a la interpretación de abogados que no son pares de los científicos, y hasta con implicaciones judiciales. Es una absurda burocracia que frena el impulso y el desarrollo de investigaciones científicas y genéticas en Colombia.

Las cifras lo confirman: “Durante los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana (12 años) fueron otorgadas 1.700 licencias o títulos mineros. En los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe se concedieron 7.800, a un ritmo de 762,5 por año, es decir, 2,08 cada día”. Un crecimiento de 459%. Así lo reveló el profesor Gonzalo Andrade, asociado a la Vicerrectoría de Investigación de la UN, con base en una investigación del experto Guillermo Rudas.

El viacrucis

Una exhaustiva indagación de Gabriel Ricardo Nemogá, experto en política y legislación sobre biodiversidad del Instituto de Genética de la UN, muestra números sobre el verdadero estado de los trabajos de ciencia e investigación en Colombia. Esto hace parte del Convenio 059 de 2008 con el Ministerio del Medio Ambiente, publicado en la Investigación sobre biodiversidad en Colombia. Propuesta de ajuste al régimen de acceso a recursos genéticos y productos derivados, y a la Decisión Andina 391 de 1996.

Según el documento, a la fecha y registrados en Colciencias existen 957 grupos de trabajo en biotecnología, ciencias básicas, marinas, agropecuarias y de salud. De ellos, 131 tienen 565 proyectos que necesitan contratos directos de acceso a recursos genéticos. La actual legislación, con el Decreto 309 de 2000 de Minambiente, obliga a tener este tipo de contratos.

Hasta ahora, solo 46 han sido aprobados durante los últimos 15 años; 45 están en trámite y 14 fueron archivados. Del total de admitidos, tan solo uno pertenece a la UN, que cuenta en este momento con 1.200 expertos reconocidos por Colciencias trabajando en biociencias, sin enumerar los estudiantes y docentes propios y asociados en todos los niveles (pregrado, posgrado y doctorado). Además, el 68% de la investigación en Colombia se hace en las universidades (50% en las públicas y 18% en las privadas).

“Hoy, el 96% de los investigadores adelantan sus exploraciones de forma ilegal, y corren el peligro de ir a la cárcel, porque así lo determinó la norma”, destaca Andrade.

Cinco obstáculos

El tiempo es el primer problema. Entre la presentación y admisión del proyecto, el registro y publicación, la aprobación de la solicitud y la negociación y resolución de adjudicación pasan 1.389 días en promedio, como lo demostró Nemogá. Son tres años y medio, sin contar con el tiempo de elaboración de la iniciativa, la evaluación de pares y la financiación.

El segundo escollo es la certificación que pide el Ministerio del Interior para certificar que en la zona del estudio no hay presencia de etnias; son seis meses más de demora (ya van cuatro años). Si existen, viene el tercer lío que es el de los costos. Se debe hacer una primera socialización con las comunidades. Ejemplo de ello son las consultas de un proyecto de la UN con la comunidad raizal de San Andrés e Islas del Rosario. La inversión fue de $ 5.000.000.

Luego se ordena la consulta previa. El investigador debe reunir al equipo, compuesto por los delegados de Mininterior y Minambiente, representantes de la academia y de las comunidades étnicas, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Personería y autoridades locales. Los costos deben incluir, además, los pasajes y viáticos de los funcionarios de Mininterior (costo promedio por proyecto, $ 15.000.000).

En la iniciativa de palmas de la profesora Galeano, aún en trámite, la consulta previa debió hacerse con 27 comunidades en 7 departamentos. El costo medio de cada consulta ha sido de $ 8.500.000. Los viáticos y pasajes de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente van en $ 5.000.000. El total: $ 229.500.000. “La UN no se opone al proceso de consulta previa, pero pide que se agilice y se eliminen los costos”, recalca Andrade.

El cuarto inconveniente es la interpretación libre y alejada que los abogados de Minambiente y autoridades hacen de la Decisión Andina 391, norma marco que regula la actividad científica de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y define qué es el acceso a los recursos genéticos.

La quinta dificultad es la solicitud de una Institución Nacional de Apoyo, que respalde y certifique la labor del grupo investigador. “De entrada nos tratan de mentirosos, no creen que estemos haciendo ciencia y necesitamos acudiente, ¡qué más respaldo que la universidad que nos acompaña!”, enfatiza Andrade.

Recuerda que en abril pasado se instaló una mesa de trabajo con la Presidencia de la República y un comité interinstitucional para superar el impasse; se han logrado avances, pero siguen las trabas. Desde julio último, cuando el profesor hizo una presentación global del problema a la Alta Consejera Presidencial para lo Ambiental, no volvió a tener contacto con Sandra Bessudo ni los representantes de los ministerios. “Ni me pasan al teléfono”, asegura.

Minería descontrolada

La locomotora de la minería y la energía traerá al país, hasta el 2020, $ 86,9 billones en regalías, según el Ministerio de Hacienda. Se destinará una parte para financiar el Fondo de Ciencia y Tecnología creado en la reforma constitucional aprobada este año.

El Ministerio de Minas decidió suspender los términos para la recepción y entrega de solicitudes de licencias hasta febrero del 2012, con el fin de hacer una revisión detallada. El jefe de esa cartera, Mauricio Cárdenas Santamaría, asumió la vocería en el tema, prioritario para el Gobierno. UN Periódico intentó contactar al director de Ingeominas, Óscar Paredes Zapata, pero sus asesores aseguraron que solo el Ministro habla del asunto.

Así se confirmó cuando una funcionaria que atiende la Línea de Atención al Minero de Ingeominas contestó: “Hoy solo se otorgan las autorizaciones temporales para materiales de arrastre y de ayudas y obras públicas gubernamentales. La suspensión se aplicó porque hay solicitudes que llevan represadas hasta 10 años. Hay 14.500 solicitudes. En promedio son pocos meses los que demora la entrega de un título, pero será la nueva Agencia Nacional de Minas la que se encargará del tema”.

Hoy por hoy, nadie sabe a ciencia cierta cuántas licencias se otorgaron y están vigentes. La Contraloría General de la República acaba de publicar su documento Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente, donde concluye que la actividad minera aumentó 1.089% entre el 2000 y el 2011, y revela que las cifras no cuadran, porque mientras en el 2000 se otorgaron 105 títulos y en el 2010, 1.144, el balance global debería ser de 10.811, y no de 9.230, como señalan los datos oficiales.

Caos y anarquía

El director del Observatorio de Energía del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la UN, Germán Corredor, afirmó que en la actualidad el tema minero es un caos.

Las autoridades no tienen el presupuesto ni el personal para hacer control de la minería legal, mucho menos sobre la ilegal. Señaló que la entrega de licencias, a pesar de que los requisitos están contenidos en el artículo 271 del Código de Minas, se hace de una manera expedita; incluso, la sola petición da el derecho a contar con el título.

“En la minería existe el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’. Quien haga una solicitud tiene el derecho a tener esa licencia. Los requisitos son mínimos, sobre todo para la primera etapa de exploración. Luego, para la etapa de explotación exigen un programa de inversiones, que es algo menor”, manifiesta Corredor.

Afirma que el país cometió un error garrafal al acabar con entidades técnicas como Mineralco y luego Minercol (que se encargaban del control, vigilancia y entrega de títulos), y pasarle estas funciones a Ingeominas, que era una entidad con vocación investigativa.

“La Agencia Nacional de Minas es la nueva entidad que, en el papel, debe cumplir con la misión. Para ello requiere de recursos financieros y humanos, si no, simplemente estamos haciendo un saludo a la bandera”, advierte, y nos enfrentaremos a una destrucción masiva de nuestros ecosistemas, un patrimonio de todos los colombianos.

El engorroso acceso a recursos genéticos

Presentación y admisión del proyecto para lograr un contrato de acceso a recursos genéticos (ARG).

Registro y publicación.

Certificado de Mininterior sobre no presencia de comunidades étnicas.
Si existen las comunidades en el área, debe adelantarse un acercamiento con las comunidades. Costos a cargo del investigador. Anuncio al Ministerio del Interior.

Con la convocatoria abierta, el grupo adelanta el proceso de consulta previa y corre con todos los gastos logísticos. Cada etnia requiere de consulta individual.

Aprobación de la solicitud por parte de abogados y no pares científicos de Minambiente, según su lectura de la Decisión Andina 391 sobre acceso (cuatro años después de presentada la propuesta).

Negociación y resolución de adjudicación del contrato.

¿Ignorancia de Minambiente?

La UN vive dos historias de trabas impuestas a la ciencia:

Luego de ocho años de trámites y 300 cartas cruzadas, el Instituto de Biotecnología fue sancionado con $ 14 millones por acceder a recursos genéticos en una investigación con levana (proteína). La decisión está en apelación, pero el Consejo de Estado acaba de ordenarle a la Universidad suspender cualquier investigación al respecto. Cualquier otro país puede patentar la proteína.

La UN le preguntó al Ministerio de Medio Ambiente si un proyecto del Instituto de Genética sobre la tenia requería de un permiso de investigación, y los funcionarios, que no son pares, contestaron por carta que sí, “porque este parásito es endémico en Colombia”. El desconocimiento abisma, porque decir que algo es endémico es que es único de ese país. “Les dijimos que no podíamos creer que solo la población colombiana es la única en el mundo que tenga tenia o solitaria. En una segunda carta pidieron excusas”, cuenta Andrade.

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