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La nueva apuesta por el Acuerdo Final

Tomado de:  www.verdadabierta.com

Tras un cónclave de más de dos semanas, los negociadores del gobierno nacional y de las Farc alcanzaron un nuevo pacto de paz, en el que incorporaron varias propuestas de los promotores del No en el plebiscito del 2 de octubre e hicieron varias precisiones sobre lo acordado inicialmente. Jóvenes proponen que se firme en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Un mes y diez días después de que fuera derrotado en las urnas el acuerdo firmado en Cartagena por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como 'Timoleón Jiménez', los jefes de las delegaciones de paz anunciaron desde Cuba que alcanzaron un nuevo y definitivo acuerdo.

Para Humberto De la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, ese nuevo documento es producto de un esfuerzo leal, que recopiló y estudió a fondo las iniciativas de los opositores a lo que fue pactado a mitad de año con las Farc. Asimismo, destacó que “este nuevo Acuerdo fue además una oportunidad para aclarar dudas y resolver inquietudes, pero sobre todo para unirnos los colombianos. Una vez más nos probamos que, a pesar de las diferencias y visiones distintas, a través del diálogo es posible llegar a puntos de encuentro”.

Sin embargo, también se refirió a quienes votaron por el Sí en el Plebiscito: “Quiero decirles que los ajustes y precisiones que hemos realizado, no sacrifican las convicciones que le dieron forma al primer Acuerdo. No cancelamos la ilusión. No dimos marcha atrás en la posibilidad de un país nuevo”.

A su turno, el jefe del equipo negociador de las Farc, Luciano Marín, conocido como 'Iván Márquez', afirmó que el nuevo acuerdo conserva la estructura y espíritu del primer documento firmado el 26 de septiembre en Cartagena, pero incorpora ajustes y precisiones, recoge observaciones y nuevas propuestas de redacción, formula aclaraciones y despeja dudas en aspectos en las que las partes lo consideraron necesario.

“Por ejemplo, en materia de Jurisdicción Especial para la Paz se incorporaron no menos del 65 por ciento de las propuestas provenientes de los diversos sectores que votaron No en el Plebiscito; casi el 90 por ciento de las iniciativas referidas al polémico tema de género; y algo más de 100 variaciones que tocan los temas concernientes a Reforma Rural Integral, Participación Política, Nueva política antidrogas, Víctimas, Fin del conflicto e implementación y verificación”, dijo.

El jefe guerrillero reconoció, además, que en esta renegociación cedieron bastante, “incluso extendiendo fronteras que nos habíamos trazado, desplazándolas hasta los límites de lo razonable y aceptable para una organización político-militar cuyas armas no fueron vencidas; que acudió por tanto a la mesa de diálogos a una negociación y no a un proceso de sometimiento; y que ha tomado la decisión de participar en la vida política legal, si se cumple un conjunto de condiciones que lo hagan posible”.

Después de las declaraciones de La Habana llegó la alocución presidencial. El presidente Santos aprovechó la oportunidad para explicar que era indispensable lograr el nuevo acuerdo rápidamente porque el cese al fuego bilateral es frágil y la incertidumbre genera temores y aumenta los riesgos de fracaso.

Y enfatizó que “había que trabajar sin descanso, con dedicación y método para tener ese acuerdo que recogiera las aspiraciones de los colombianos sin poner en riesgo todo lo logrado durante seis largos años de negociaciones (...) Recibimos más de 500 propuestas de todos los sectores: sociales, religiosos, víctimas, partidos políticos. Se agruparon en 57 temas para la discusión con las Farc. Todos, absolutamente todos, fueron discutidos a profundidad con las Farc y defendidos por la delegación del gobierno con total lealtad y fidelidad a lo expresado por los diferentes sectores”.

Más ajustes que cambios

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Durante su discurso, Santos señaló que se lograron precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 temas abordados en La Habana tras haber recibido las propuestas de los voceros del No del Plebiscito. Luego de escuchar las declaraciones del Presidente y de los jefes negociadores, se puede concluir que el principal cambio es que el Acuerdo Final no será incluido en la Constitución Política y que tampoco ingresará al bloque de constitucionalidad de la Nación, como se había pactado inicialmente.

Para blindar jurídicamente lo logrado en Cuba, las partes acordaron elevarlo a la categoría de acuerdo especial humanitario, para que de ese modo no pudiera ser modificado mediante reformas legislativas y también para garantizar que las partes cumplan sus compromisos.

Al respecto, el presidente Santos reconoció que la idea de incorporar todo el acuerdo de paz al bloque de constitucionalidad generó mucho rechazo. También confesó que sus detractores “tenían razón, porque además generó muchas malas interpretaciones sobre el Acuerdo. Eso se corrigió. Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución”.

En esta nueva versión, el blindaje jurídico será reemplazado por “el principio general de garantía de cumplimiento (que) es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica”, explicó De la Calle.

Otro cambio importante es que, durante el proceso de dejación de armas, las Farc presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación de las víctimas. Durante la negociación, los jefes guerrilleros aseguraron en diferentes ocasiones que no tenían bienes ni recursos para destinar a la reparación; sin embargo, el día anterior a las votaciones del Plebiscito, indicaron que entregarían bienes para tal fin. Esa falta de claridad despertó la indignación de muchos sectores, en especial en sus víctimas.

Uno de los puntos que fue eliminado en este nuevo acuerdo es el referido a la participación de miembros de las Farc en una comisión de protección y garantías de seguridad que se creará para garantizar la seguridad de los excombatientes en la vida civil. Además, se eliminaron las facultades de esa comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada. Esa decisión obedece a que la presencia de representantes del grupo insurgente en dicha institución “generó preocupación en muchos promotores del No”, reconoció Santos.

renegociacion 2El punto que no se pudo renegociar

La participación en política de los miembros de las Farc que dejen las armas fue el único de los 57 puntos que no se pudo modificar respecto al acuerdo firmado en Cartagena. “Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar”, afirmó el Presidente, quien reconoció que a pesar de que muchas personas se oponen a que los exguerrilleros aspiren a cargos de elección popular, “la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad”.

“Este proceso con las Farc no es una excepción, ni puede serlo. Las Farc tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”, insistió el mandatario y citó varios ejemplos de negociaciones de paz que han terminado con los excombatientes participando en política: “En otros países, como en Irlanda del Norte, entraron a cogobernar desde la firma del Acuerdo. La semana pasada estuve en ese país reunido con la primera ministra que es protestante y con el viceprimer ministro que es católico. Eso fue parte del acuerdo. Esto no ocurre en este acuerdo”.

Y fue enfático al señalar que las Farc no tendrán curules a dedo: “Al contrario, tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el gobierno, como ha ocurrido en muchos otros casos. Pero sí podrán ser elegidos”.

El tema de las curules también causó malestar a varios sectores, pues argumentaban que además de las diez que obtendrían directamente las Farc durante los dos primeros periodos legislativos tras su desmovilización, ese grupo asumiría las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes, destinadas para las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto.

El presidente aclaró que en el nuevo acuerdo se “incluyó expresamente que el partido que surja de la reincorporación de las Farc no podrá inscribir candidatos para esos espacios”. Y agregó que por solicitud de los diferentes sectores políticos del Sí y del No, se redujo desde el primer año en 30 por ciento la financiación al partido de las Farc para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos.

Jurisdicción Especial de Paz (JEP)

El apartado de justicia transicional, que hace parte del punto de Víctimas y que durante meses tuvo enredada la negociación, recibió varios ajustes provenientes de la oposición y de los magistrados de las altas cortes.

Uno de los puntos acordados anteriormente que más precisiones incluirá es el de la JEP. El jefe de la delegación de las Farc, Luciano Marín, conocido en las filas guerrilleras como 'Iván Márquez', señaló que se incluyó alrededor del 65 por ciento de las propuestas que fueron formuladas en Colombia.

Entre ellas, se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad. “Se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo a las zonas veredales, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas, requisito necesario en todos los casos. Por iniciativa de algunos opositores se aceptó que mientras entra en funcionamiento la JEP, las acciones reparadoras debidamente verificadas pueden ser descontadas de la sanción que se imponga”, explicó De la Calle.

El presidente Santos reconoció que acataron recomendaciones de las altas cortes para mejorar y articular la justicia transicional con el sistema judicial ordinario. “Una petición expresa era que se pusiera un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz. Eso se logró. Funcionará hasta por diez años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años. También se estableció que las organizaciones no gubernamentales no podrán actuar como fiscales y acusar, su actuación se redujo a presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal”, señaló.

En cuanto a la conexidad del narcotráfico con el delito político, el cual haría que fuera amnistiable, las partes decidieron que la decisión quedará en manos de los magistrados que estudien los casos, quienes tendrán en cuenta la jurisprudencia de las cortes colombianas al respecto. En esa materia, varios tribunales de Justicia y Paz han procesado el delito de narcotráfico con relación al conflicto armado, mediante la justicia transicional que se aplicó a los paramilitares que desmovilizaron bajo la Ley 975 de 2005. Incluso, la Corte Suprema de Justicia le ha dado el visto bueno al resolver apelaciones.

Por otro lado, las partes descartaron la presencia de magistrados extranjeros en las salas que procesarán a los excombatientes de las Farc y demás procesados por la JEP. Y recalcan que en “la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal”. En ese sentido, el Presidente indicó que como parte de la articulación con las otras jurisdicciones, las tutelas contra decisiones de la JEP podrán a ser revisadas.

No obstante, se mantiene la competencia de la JEP sobre las terceras personas que financiaron o colaboraron con los actores del conflicto armado. “Se eliminó la participación habitual. Y se reafirmó que los demás, si contribuyen a las medidas de verdad y reparación, pueden beneficiarse de la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso”, señaló De la Calle, quien agregó que “se estableció también la revisión de la tutela contra decisiones de la Jurisdicción Especial en cabeza de la Corte Constitucional”.

Sobre la preocupación de los empresarios de que se desate una “cacería de brujas” contra ellos en los tribunales de la justicia transicional, el presidente Santos señaló que “ese temor quedó totalmente disipado y los empresarios satisfechos. Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria”.

Y sobre los miembros de la Fuerza Pública involucrados en crímenes dentro del marco del conflicto armado, indicó que se logró “una fórmula que garantiza a nuestros soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. Esta solución dejó tranquilos a todos. Es lo mínimo que podíamos hacer por ellos y había sido un compromiso personal mío”.

Enfoque de género

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Este punto, confundido o relacionado con la ideología de género, que despertó el malestar de varios sectores de la sociedad, en especial el de las comunidades religiosas, también recibió varias precisiones, partiendo desde su definición: “En el nuevo Acuerdo se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos”, expuso De la Calle.

Además, precisó que dicho enfoque “incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas”.

El presidente Santos explicó que este tema fue “revisado con sumo cuidado” por la Iglesia Católica, por los pastores cristianos y otros voceros del No. “Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente -nunca lo estuvo- ni siquiera de manera sugerida. Lo que sí se dejó claro es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos”, puntualizó.

Además, por ser una solicitud expresa de esos sectores, “se incorporaron en el nuevo acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto”.

Reforma Rural Integral

Pese a los ajustes de este tema que fue enlistado como el primero de la agenda de negociación, las partes rescatan que mantiene “vivo el compromiso con el campo a través de una política de recuperación de la familia campesina, que impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna”.

Este punto fue cuestionado antes de las elecciones de refrendación y por ello las partes recalcan que en la Reforma Rural Integral “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”; resaltan que “los programas cuyo destinatario es el campesino no impiden la puesta en práctica de diversas formas de producción, tales como la agroindustria o el turismo”; y aclararan que “el acuerdo por sí mismo no crea Zonas de Reserva Campesina”.

Sobre este punto, el Presidente indicó que “una de las principales preocupaciones del Centro Democrático era el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Todo eso se logró y se ratificó, como lo pidió expresamente el expresidente Uribe. Que no queden dudas: ¡Se respetará el derecho a la propiedad!”. En cuanto a las Zonas de Reserva Campesina, señaló que el acuerdo no autoriza la creación de nuevas, “más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación”.

Narcotráfico

Sobre la lucha contra las drogas, el nuevo acuerdo ratifica que las Farc se comprometen a romper todo vínculo con esa práctica y ayudar en la superación del narcotráfico, pero ahora precisa “las características de esa cooperación y además quienes acudan a la JEP -todos, no sólo las Farc- deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades”. También hace aclaraciones sobre los programas de sustitución de cultivos y las políticas sobre el consumo en las que habrá un papel clave de la familia y de los grupos religiosos.

Al respecto, el presidente Santos indicó que “se reiteró y subrayó también que el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos”; y agregó que “no habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos”.

Implementación de los acuerdos

Ante la preocupación de diferentes sectores de que existiera una especie de cogobierno con las Farc, en el nuevo texto se dejó “mucho más claro” que el gobierno será el único responsable de esa materia. El presidente aclaró que habrá una comisión que hará seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los acuerdos.

Según anunció De la Calle, “se estableció el compromiso de respetar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas. En tal sentido, el Plan Marco acordado para las inversiones, deberá contener las fuentes de financiación”.

¿Cuánto dinero requiere el acuerdo de paz con las Farc?
En ese sentido, el presidente Santos aclaró que “se incluyó expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno”.

Antes de que se diera el anuncio en La Habana, el presidente Santos se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido el más férreo opositor a los acuerdos alcanzados con las Farc. Tras el encuentro, el jefe del Centro Democrático solicitó que el nuevo acuerdo no tenga alcance definitivo para que sea puesto en conocimiento de los voceros del No y de las víctimas, “quienes lo estudiarán en breve tiempo y expondrán cualquier observación o solicitud de modificación en una nueva reunión con el equipo negociador del Gobierno”. Antes de reunirse con Uribe en Rionegro, Antioquia, el mandatario contactó telefónicamente a otros voceros del No, como la exministra Marta Lucía Ramírez y el expresidente Andrés Pastrana.

Al final, el presidente Santos reconoció que este acuerdo es mejor que el anterior: “Este acuerdo de paz con las Farc retoma y refleja las propuestas, y las ideas de todos los que participaron en este gran diálogo nacional. Responde y aclara las preocupaciones que muchos tenían frente a la letra, el sentido del acuerdo o su implementación. Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos. Esa es mi invitación. A que nos unamos, así el acuerdo no satisfaga todas las aspiraciones de todos los sectores”.

Movilización ciudadana

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Tras la derrota del Sí en el plebiscito del 2 de octubre, se generó una gran movilización ciudadana en diversas ciudades del país que exigía respeto a las negociaciones y la firma del acuerdo final lo más pronto posible. Ese fenómeno fue destacado por 'Iván Márquez', jefe negociador de las Farc en su discurso desde La Habana.

“Las espontáneas y multitudinarias movilizaciones sociales de apoyo a la paz activadas por la juventud, las numerosas manifestaciones de organizaciones sociales y populares, de partidos y movimientos políticos, y el reiterado acompañamiento de la comunidad internacional, nos incitan pensar que se ha iniciado el gran cambio histórico hacia una sociedad auténticamente democrática, pacífica y justa”, dijo el insurgente.

Una de las expresiones simbólicas fue el Campamento por la Paz que se instaló desde el 4 de octubre en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. La noticia de la firma del nuevo acuerdo fue recibida con alegría entre los cientos de jóvenes que acampaban allí.

Katherine Miranda, vocera del Campamento por la paz, no ocultó su satisfacción: “La felicidad es absoluta en el campamento y vemos que esto fue gracias a la ciudadanía, gracias a la presión que estamos ejerciendo como ciudadanos. El campamento cumplió 38 días acampando por la paz y de verdad son noches que valen la pena. Cuando escuchamos a Humberto De la Calle, cuando escuchamos a 'Iván Márquez' diciendo todo esto. Creemos que se pudo, y se pudo gracias a la perseverancia y también nosotros como ciudadanos presionando los acuerdos”.

Entre los gestores de este campamento y el gobierno distrital se había acordado que una vez se firmara un nuevo pacto, se levantarían las carpas. “Nuestra apuesta fue tenemos acuerdo y levantamos campamento”, declaró Miranda, pero fue más allá y propuso que la firma de este nuevo acuerdo “se haga acá en el campamento, cuanto antes”.

Quedan muchas dudas

Pese a que esta vez el Acuerdo Final fue calificado por De la Calle y Santos como un “mejor acuerdo” que el anterior, y a que 'Márquez' lo definió como “el acuerdo de la esperanza”, en el aire quedaron varias dudas que no fueron abordadas en La Habana ni en Bogotá.

La primera de ellas es ¿cómo se refrendará este nuevo acuerdo? No es claro si se convocará a un plebiscito o se buscarán otros mecanismos más simples, dado que ya, en apariencia, hay un consenso político. Aunque los mensajes desde la oposición indican que revisarán a fondo el texto, lo que plantea otra duda: ¿y si no lo aceptan qué podrá pasar?

Otro de los aspectos que no se resolvió es el del llamado Día D, es decir el momento en que las Farc comenzarán su trasiego hacia los 27 sitios transitorios de normalización, constituidos en 15 departamentos por seis meses, para realizar el proceso de concentración de sus tropas y de dejación de armas, que desde hace ya varios meses tiene un cronograma acordado y que contará con mecanismos de verificación internacional.

Las Farc convocaron en septiembre pasado a su Décima Conferencia Nacional Guerrillera con el fin de exponer los acuerdos entre sus hombres. Ahora que hay un nuevo documento, ¿qué pasará en las filas de la insurgencia? ¿Volverán a citar a sus hombres o apelarán a mecanismos más expeditos para resolver este asunto?

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