La medida del presidente Uribe según un editorial del periódico El Tiempo, conlleva a grandes riesgos "tanto en la implementación de la medida como en el espíritu de la misma" pues se analiza la diferencia entre la información que es capaz de proveer un desertor o espía, inmerso ya en el conflicto, y otra la que podría generarse en las aulas de colegios y universidades. También agregan con claridad que no son completas las explicaciones sobre el mecanismo de selección de los eventuales miembros de la red, el procesamiento de los datos que produzcan y las reglas del uso de esa información.

Por otro lado, diversas son las opiniones que visualizan el peligro de esta norma, pues terminaría utilizando a los jóvenes para saldar cuentas entre bandas, desatar venganzas o crear 'falsos positivos', tal como pasó con el documento del 17 de noviembre de 2005 por firmado el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, actualmente candidato a Fiscal General de la Nación, donde se promovía el pago de dineros a aquellos miembros de la Fuerza Pública que dieran cuenta de incautación de armamentos, elementos logísticos y cabecillas de grupos al margen de la ley. Así como la confusión de la libertad de expresión y diversidad ideológica con un delito por denunciar.

La propuesta encontró miles de pronunciamientos en contra, empezando por el descontento del alcalde de Medellín Alonso Salazar, quien dijo ese 26 de enero en las horas de la noche que aunque no tenía el ánimo de polemizar con el Presidente, no apoyaba la idea, posición que también respaldó la ministra de educación Cecilia María Vélez, quien de inmediato llamó al presidente para manifestarle su desacuerdo total de utilizar estudiantes como informantes de la fuerza pública.

Los estudiantes quizá fueron los más indignados con esta idea y en diferentes medios se pronunciaron al respecto, ratificando su descontento con este gobierno que además de no establecer políticas claras para el beneficio de la juventud, pretende ahora incorporarlos al conflicto del país y limitar su libertad de opinión en los claustros educativos por miedo a señalamientos. Planeta Paz quiso escuchar las opiniones de los jóvenes y este fue el resultado de la entrevista realizada a Guillermo Baquero estudiante en proceso de grado de la Facultad de ingeniería de la Universidad de la Guajira y miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) como secretario de organización y relaciones internacionales.

Planeta Paz: ¿Qué opiniones despertó en ustedes los estudiantes la medida del presiente Uribe de vincular a los jóvenes en las redes de informantes?
Guillermo Baquero: respecto a la propuesta hay varias opiniones, la primera es desde el punto de vista moral que se refiere un poco al desarrollo del ser humano, y sobre esto lo que se perfila es que hay una conducta que se somete al intercambio información-dinero, o sea algo que debería ser parte del comportamiento ciudadano, el poder velar por la seguridad social, se convierte prácticamente en un tipo de mercancía más con la que se puede hacer cualquier tipo de transacción y, en este marco, primero se instrumentaliza a los jóvenes como una posibilidad de acceder a los barrios para tener una información de primera mano sobre algún tipo de acto delincuencial. Y segundo, la preocupación del nivel de descomposición tan grande de la guerra colombiana que ha llevado a incorporar a los jóvenes en el conflicto.

Planeta Paz: ¿Qué riesgos para la población estudiantil se podrían presentar al hacer parte de esta nueva propuesta?
Guillermo Baquero: bueno, lo primero es que hay una vulneración flagrante al derecho de distinción en el Derecho Internacional Humanitario, en la medida en que se vincula a la sociedad civil como actor armado del conflicto. Lo que creemos es que efectivamente hay una vinculación directa con los entes de seguridad del estado y por ende se deja claro el mayor nivel de vulnerabilidad del sector estudiantil, lo cual tiene que ver con las campañas de estigmatización y criminalización que ha venido manejando el gobierno. Por otro lado esta iniciativa tiende a fracturar aún más las dinámicas de articulación del movimiento estudiantil que en términos de la movilización y organización en los últimos años ha retomando un gran avance, lo cual obviamente aumenta aún más ese nivel de temor que imposibilita la construcción de temas que permiten acciones colectivas o acciones masivas de los estudiantes en contra de las realidades nacionales, como por ejemplo el tema de la emergencia social.

Planeta Paz: ¿Qué acciones pueden llevarse a cabo, por parte de los movimientos estudiantiles, para frenar esta iniciativa que los involucra directamente en el conflicto?
Guillermo Baquero: se está esperando de todas formas si puede existir algún tipo de acto administrativo, sea un decreto contra la acción presidencial o algún tipo de iniciativa que pueda ser demandada ante las altas cortes y que pueda ser elevado a otras instancias. Por otro lado, nosotros hemos planteado, que es necesario liderar formas de organización y campañas que visibilicen un poco lo que se pretende, para que por lo menos se haga más fácil extender a los padres de familia, jóvenes y población en general, los riesgos que corre la sociedad con una medida de este orden. Porque lo que claramente notamos es un proyecto autoritario en Colombia en medio de una lógica de estado de opinión o comunitario, donde todos seamos vigilados y controlados, donde no se pueda disentir, donde el pensamiento crítico no tenga cabida y donde cualquiera que se distancie o no esté totalmente de acuerdo con la política del gobierno sea tildado de terrorista u otra artimaña que permita deslegitimar a los jóvenes y además de eso que permita otra acción militar criminal contra ellos, que es lo que pasó con estudiantes como Johnny Silva, Julián Hurtado, Nicolás Neira y otros compañeros que han sido asesinados.

Planeta Paz: Como bien sabemos el rechazo a esta propuesta no significa por parte de los estudiantes el respaldo a la violencia en los sectores más golpeados por la pobreza en Medellín y en general en el país, en este sentido, ¿desde qué otra perspectiva se pueden solucionar los incrementos de violencia que se han reportado?
Guillermo Baquero: el problema radica en el tipo de población a la que está dirigida la iniciativa, pues si analizamos los jóvenes que necesitan 100.000 pesos no son los jóvenes que estudian en el Externado o en los Andes, ni mucho menos en el Marymount o los colegios privados en el caso de Bogotá o en el caso de Medellín en cualquier institución privada donde estudien los hijos de los concejales o industriales; ellos no son quienes claramente recibirán este pago o arriesgarán su vida por este dinero.
Esto expresa hacia dónde va dirigida la iniciativa (son los sectores menos favorecidos), y en vez de atender las necesidades básicas de esos jóvenes en estos barrios de las comunas con niveles de pobreza abrumadores, con altos niveles de inasistencia social, en vez de entender este fenómeno como la causa fundamental del problema de seguridad, solamente se recurre a una práctica inhumana y lesiva.
En resumen, lo que sostenemos es que esta medida y en conjunto con otras por parte del estado encaminadas a la superación de situaciones y casos de violencia deben estar atendidos desde otra lógica, no de la lógica militarista en la que la seguridad democrática cree que se pueden eliminar esos problemas. En este sentido es ilógico, irresponsable e irracional una medida que solo se forja alrededor de militarizar la vida de los jóvenes y militarizar la vida de los ciudadanos.

Planeta Paz: a modo de conclusión en el marco de esta última medida de estudiantes informantes ¿Qué opina usted de los resultados de la seguridad democrática?
Guillermo Baquero: pues, a claras luces lo que vemos es una derrota estruendosa y un fracaso inminente de la seguridad democrática, la reducción incluso de presupuesto al Plan Colombia por parte de los Estados Unidos (aunque los ministros y el propio presidente digan que se están reconociendo los avances de la seguridad y por eso le quitan recursos al plan Colombia) es la muestra que en la práctica, hay una condena a la violación de derechos humanos, al aumento de la criminalización y de la criminalidad de la acción política de oposición en Colombia y a todo lo que significa el exterminio del movimiento social y popular en la última década.