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Este documento aprovecha la crítica situación creada en el campo colombiano en relación al desplazamiento forzado como uno de los fenómenos sociales más dramáticos de Colombia según los datos del Grupo de Verificación de la Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre Población desplazada, pues según esta última el 74% de esta población ha sido expulsada de territorios rurales, en los que dejaron abandonado su patrimonio económico y social. El fenómeno del desplazamiento ha permitido que algunas miradas vuelvan sobre la cuestión rural, concentrando su atención en la problemática de las tierras conculcadas y los mecanismos necesarios para su restitución. Si bien el tema de la tierra –del abuso sobre el recurso bajo control de la población desplazada y su concentración- es necesario, no parece suficiente para crear las condiciones de una reparación justa, brindar las garantías de no repetición y promover una estructura rural democrática e incluyente. Frente a esto, a continuación, el texto propone hacer una lectura del problema y sugerir unos temas para el debate.

A lo largo de este texto se puntualizará sobre algunos aspectos que a primera vista parecen significativos para el debate que se avecina en relación al contenido del borrador de proyecto de ley "por el cual se expide la ley general de tierras y desarrollo rural, y se dictan otras disposiciones" que está siendo promovido por el gobierno. El borrador de proyecto de ley se detiene en su mayor parte, a consagrar un conjunto de figuras y procedimientos jurídicos dirigidos a promover un ordenamiento de los usos del suelos "para dar cabida a las necesidades de diferentes sectores productivos como la agricultura y la minería" (pág. 26), marco en el cual, en coherencia con la ya aprobada ley de reparación a víctimas y restitución de tierras, toma centralidad la formalización y clarificación de la propiedad que se presenta con el criterio de asegurar su "función social y ecológica".

La Ley relacionada con víctimas y tierras tiene su origen en dos proyectos de ley presentados por el gobierno de Santos en los primero meses de su gobierno; por un lado la ley de reparación a víctimas y por otro lado, la ley de restitución de tierras, proyectos fusionados en su trámite legislativo. La discusión frente a esta iniciativa legislativa ha suscitado profundos debates, por un lado la expectativas de los casi 4 millones de víctimas del conflicto armado de poder lograr luego de muchos años la restitución de sus derechos en medio de una situación de evidente vulnerabilidad y exclusión socioeconómica, y por otro lado, los evidentes intereses del gobierno y otros sectores que se beneficiarían de ella a espaldas de soluciones reales al conflicto. Varios son los límites que se pueden considerar relacionados con el carácter de la transición hacia una superación del conflicto armado y la construcción real de paz, la condición de las víctimas y las perspectivas de su reconocimiento, la reparación y sus dimensiones respecto de la justicia y de la verdad, y la restitución de tierras como oportunidad de construir la paz.

Partiendo tanto de la conveniencia de estrechar y profundizar las relaciones comerciales de Colombia con los Estados Unidos en medio de la globalización, como de la necesidad de avanzar en profundas transformaciones internas en el campo y en la política agropecuaria del país, resulta indispensable contar con análisis objetivos y sustentables. Ahí reside la razón de la evaluación realizada, de la cual se pueden resaltar algunas de sus principales conclusiones.

Texto escrito por Leopoldo Múnera Ruiz, profesor asociado a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.