Docs. Política Pública para la Paz: Agenda Mínima

La declaración pública que se presenta a continuación guarda relación con el Decreto 3391 de 2006 que desconoce parcialmente la sentencia de la Corte y se extralimita en la reglamentación de la Ley de Justicia y paz, para favorecer a los grupos paramilitares.

La primera declaración pública integrada por las organizaciones sociales y populares, y las personas que suscriben la presente declaración, como víctimas de la violencia social y política, y voceras de miles de hombres, mujeres, niñas y niños afectados  y afectadas por el conflicto social y armado colombiano, consideran que la negociación con los denominados grupos de autodefensa, organizaciones ilegales que no tienen ni pueden tener reconocimiento político,  debe constituir un proceso orientado a desmontar definitivamente el paramilitarismo en Colombia, con sus redes de apoyo, financiación y legitimación.  Por tal razón, en esta declaración se presenta una propuesta alternativa al proyecto de alternatividad penal.

Esta segunda declaración pública que presentan las organizaciones sociales y populares, como víctimas de la violencia social y política, y voceras de miles de hombres, mujeres, niñas y niños afectados y afectadas por el conflicto social y armado colombiano, consideran necesario pronunciarse sobre el “pliego de modificaciones al proyecto de ley estatutaria Nº 85”, presentado ante el Senado de la República como propuesta parlamentaria alternativa al proyecto elaborado por la Presidencia de la República y el Comisionado de Paz.

Las organizaciones sociales y populares, y las personas que suscriben esta cuarta declaración pública, como víctimas de la violencia social y política, y voceras de miles de hombres, mujeres, niñas y niños afectados y afectadas por el conflicto social y armado colombiano, consideran necesario  ratificar los principios  que deben inspirar a cualquier Ley de Verdad, Justicia y Reparación, y dejar una constancia histórica sobre la actitud del Gobierno Colombiano frente a la negociación con los grupos paramilitares, pues sin una real justicia, verdad y reparación no habrá paz ni reconciliación en Colombia.

La quinta declaración pública conformada por las organizaciones sociales y populares, como víctimas de la violencia social y política, y voceras de miles de hombres, mujeres, niñas y niños afectados y afectadas por el conflicto social y armado colombiano, consideran que la ley aprobada por el Congreso de la República para “la reincorporación de los grupos armados organizados al margen de la ley” derivada fundamentalmente de los proyectos elaborados por el Gobierno de Uribe Vélez para facilitar la negociación con los grupos paramilitares, no responde a los principios mínimos de verdad, justicia y reparación, y no contribuye a la paz y la reconciliación en Colombia.