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Gobierno calla y sigue delinquiendo

Por: Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Septiembre 3 de 2012

Luego de solicitar encarecidamente al Presidente Santos por séptima vez consecutiva que detenga el accionar delictivo de su fuerza pública contra nuestra Comunidad de Paz, el Presidente remitió nuevamente las respuestas a los mismos victimarios, evadiendo su responsabilidad constitucional y permitiendo que sus subordinados continúen delinquiendo. Nuestra Comunidad se ve obligada nuevamente a dejar constancia ante el país y el mundo de las nuevas agresiones:

· El martes 7 de agosto de 2012 tropas del ejército asaltaron a un grupo insurgente que se encontraban de paso transitorio por una finca en la vereda La Resbalosa quedando muerto en la acción, según el reporte de los medios locales, un guerrillero. Luego los militares se acercaron a la casa y procedieron a incinerar la vivienda con sus pertenencias, la cual pertenecía al Señor Rubén Oquendo quien al momento de los hechos no se encontraba allí.

· El martes 14 de agosto de 2012, tropas del ejército acantonadas en la vereda La Unión, robaron varias herramientas de trabajo agrícola de la vivienda del Señor RAMIRO RUEDA, miembro de la Comunidad de Paz.

· El miércoles 15 de agosto de 2012, tropas del ejército que se encontraban en el paraje de Chontalito detuvieron por más de 1 hora a JULIO CÉSAR GUISAO, miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, y a su hermano ESTEBAN GUISAO, miembro también de nuestra Comunidad de Paz, los obligaron a vaciar sus pertenencias, los sometieron a empadronamiento ilegal, les retuvieron sus celulares privados, los amenazaron y sometieron a insultos y vejaciones.

· El sábado 18 de agosto de 2012, hacia las 08:00 horas, tropas del ejército que se encontraban entre las veredas La Unión y Las Nieves, abordaron a CARLOS ALBERTO TUBERQUIA, miembro de nuestra Comunidad de Paz, lo quisieron obligar a empadronarse pero él se resistió demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces sometido a insultos y amenazas y le advirtieron que la Comunidad de Paz será exterminada y que para ello todo está coordinado con los paramilitares. El mismo día, a las 15:00 horas, en la vereda Las Nieves fue abordado por las tropas el Señor CONRADO DAVID, miembro de nuestra Comunidad, al cual quisieron también obligar a empadronarse, frente a lo cual opuso resistencia demostrando la ilegalidad del procedimiento, siendo entonces insultado y advertido del próximo exterminio de la Comunidad de Paz, pues, según le manifestaron, la Comunidad es un estorbo para sus planes en la zona.

· El martes 28 de agosto de 2012, hacia las 13:00 horas, se notó un extraño seguimiento, en la ciudad de Apartadó por personas de civil, al miembro de nuestro Consejo Interno GERMÁN GRACIANO, ya antes amenazado vía telefónica por jefes paramilitares. Hacia las 15:00 horas, mientras se encontraba en un establecimiento público y acompañado por una organización internacional, Germán fue abordado por miembros de la policía motorizados quienes le pidieron documentos de identidad, supuestamente para "verificación de antecedentes", obligándolo luego a acompañarlos hasta el comando de la policía, hasta donde llegó una persona de civil quien exigía saber su nombre y apellidos. Allí, le insistieron en firmar un documento de buen trato, al que Germán se negó debido a la persecución por militares y paramilitares contra él y su familia, los cuales han asesinado a varios miembros familiares, luego de 30 minutos fue dejado en libertad pero la coincidencia de amenazas paramilitares con el hostigamiento de la Policía deja sospechas muy fuertes sobre la continuidad del accionar conjunto entre policía y paramilitares en la ciudad.

· El miércoles 29 de agosto de 2012, hacia las 09:45 horas, en un retén de la policía, instalado en el sitio La Cabaña de Apartadó, empadronaron ilegalmente a los ocupantes de un vehículo de servicio público que se dirigía hacia Apartadó, en el cual se movilizaban dos miembros de nuestro Consejo Interno: MARÍA BERTILDA QUINTERO y JESÚS EMILIO TUBERQUIA. El policía que realizaba el empadronamiento se escondió detrás de otro vehículo para no ser visto. Simultáneamente tomaron numerosas fotografías a los ocupantes, hecho absolutamente ilegal pero que reviste mayor gravedad al comprobarse la continuidad de la acción coordinada entre fuerza pública y paramilitares.

· El jueves 30 de Agosto de 2012, en la vereda la unión un grupo de trabajo de la Comunidad se dirigían a un terreno preparado para la siembra de cultivos agrícolas, se encontraron con tropas militares quienes impidieron la realización de la siembra.

· El viernes 31 de agosto de 2012, se presentaron combates entre las veredas Miramar del corregimiento de San José y la vereda Caracolí del Corregimiento de Piedras Blancas, los cuales se prolongaron entre las 09:00 y las 13:00 horas. Según los pobladores de la zona, el enfrentamiento se dio entre un grupo guerrillero y paramilitares presentes en la zona, de la base paramilitar de Piedras Blancas (municipio de Carepa) muy cerca a la Brigada XVII del ejercito, muchas veces denunciadas. Dado que en dichas veredas hay fuerte presencia de la fuerza pública, la presencia paramilitar delata nuevamente su connivencia con la fuerza pública.

La incineración de viviendas, los empadronamientos ilegales, los hostigamientos a población civil, las persistentes muestras de connivencia entre fuerza pública y paramilitares y los persistentes anuncios de exterminio de la Comunidad de Paz para lo cual se reconoce, sin escrúpulo alguno, que fuerza pública y paramilitares están actuando de común acuerdo, son comportamientos que revelan, una vez más, el accionar criminal del Estado. Las actitudes evasivas del Presidente Santos, quien no ha querido enfrentar el problema a pesar de nuestros continuos clamores y de los reclamos de la Comunidad Internacional, no son tolerables en un presunto "Estado de Derecho". Por eso apelamos nuevamente a la conciencia ética de la humanidad para que sancione moralmente estos crímenes, a la vez que clamamos sin descanso a los órganos judiciales de la Comunidad Internacional para que suplan la falta de justicia que el Estado colombiano sigue tolerando.

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