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Marina Internacional de Santa Marta: refugio para los yates y desamparo para la ciudadanía


marina2El 5 de Octubre del año 2006, Carlos Augusto Socarras Zúñiga, gerente de la firma Inversiones Marinas Turísticas S.A., presentó a la directora del Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente -DADMA- un estudio técnico cuyo fin era obtener concesión para la instalación de una marina internacional en la bahía de Santa Marta. Dicho proyecto requiere la construcción de una dársena exterior protegida por un rompeolas de roca que albergue las embarcaciones de recreo que transitan por el área y las mantenga fuera de peligro en caso de cualquier efecto meteomarino.

Cinco meses después, el 28 de marzo del 2007, mediante Oficio No. 286, la SecretarÍa de Planeación Distrital en respuesta al escrito en el que el DADMA solicita concepto técnico jurídico sobre la construcción del proyecto denominado "Marina Internacional Bahía de Santa Marta", determina que, revisado el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Especial de Protección al Centro Histórico-PEP de Santa Marta, el proyecto presentado por Inversiones Marinas Turísticas S.A., se considera VIABLE (Resolución No. 099 del 2 de Abril de 2007).

Según el documento aprobado, la obra partirá desde el espolón de la calle 22, ubicado frente al edificio Bahía Centro, y se extenderá por todo el sector de la carrera primera hasta el club Santa Marta. El espolón de roca será ampliado ocho metros de manera que se libere un área para la construcción de un restaurante y un área de transporte náutico local. El muelle turístico contará con una zona de mantenimiento para botes, almacenes para venta de equipos de buceo y pesca, comercio, restaurantes con terrazas y un helipuerto.

La propuesta de Inversiones Marinas Turísticas S.A., estima una inversión de ocho millones de dólares y se beneficiará de las políticas nacionales de incentivos tributarios con el argumento de la creación de 150 empleos de mano de obra calificada en la etapa de construcción y 600 aproximadamente en su etapa de operación, la captación de nuevas inversiones en la ciudad y la generación de un polo importante de desarrollo económico, actividad turística, náutica, deportiva y de esparcimiento. De este modo, el proyecto se divide en 3 partes, a saber:

  • La concesión por parte de la Dirección General Marítima DIMAR, obtenida mediante resolución No. 0338 del 5 de octubre del 2007, sobre la base de la documentación presentada a la Capitanía de Puerto de Santa Marta el 29 de Mayo del 2007. Dicha resolución concluye: "... la autorización de obras para el uso y goce de un bien de uso público, localizado en la bahía de Santa Marta, departamento del Magdalena. Concesión a un plazo de 10 años".
  • Una vez obtenido el permiso por parte de la DIMAR se ha iniciado la etapa de construcción de la dársena, que será un polígono de 213.000m2 de área en la bahía y podrá albergar yates y veleros de bandera nacional o extranjera.
  • Por último, la parte arquitectónica de las instalaciones que funcionarán en el enrocado, como tiendas especializadas, comercio, restaurantes, cafés, bares y obras de paisajismo.

Según la información entregada por los representantes de Inversiones Marinas Turísticas S.A., dos millones de yates por año, aproximadamente, navegan en el Caribe, y a través de la Marina Internacional de Santa Marta se espera que éstos en sus travesías prefieran la ciudad y no La Florida, por la distancia en kilómetros y las condiciones naturales que garantizarán mayor resguardo y protección de los mismos. Además será, según la firma, una gran oportunidad financiera para la ciudad.

Actualmente, los socios de la firma encargada están en conversaciones con al Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER-, quienes otorgarán el 80% de los recursos a través de un crédito de turismo con un banco de segundo piso, mientras que, los socios del proyecto, que son el grupo empresarial Daabon, deberán responder por el 20% restante.

Pero los aparentes beneficios que ofrecerá la Marina se relativizan frente a los inminentes daños que causará la construcción de un proyecto de esta magnitud, y que han sido ya denunciados en varias ocasiones por ciudadanos y ciudadanas samarias, organizaciones ambientalistas, grupos cívicos, medios de comunicación, entre otros. Algunos de sus argumentos son:

En primer lugar, el hecho de que la bahía es, por ley, un bien público que está siendo claramente vulnerado por intereses de particulares, evidenciando una vez más, el concepto de desarrollo que el gobierno nacional viene estimulando y que coloca por debajo el bienestar de muchas poblaciones y las riquezas ambientales del país, dando prioridad a su explotación y venta.

marina1En el documento entregado por Inversiones Marinas Turísticas -página 4ª -, se asegura que "... la marina tiene dos conexiones con la ciudad, la primera, a través de la calle 23, que se constituye en la parte restringida al público (subrayado nuestro) con servicios dirigidos a los usuarios de la marina especialmente..." También en la certificación proferida por la Secretaria de Planeación del distrito, el 28 de marzo del 2007, concluye el señor Alfonso Vargas Vives (Secretario de Planeación) que "el área donde se proyecta la construcción de la marina... no se encuentra ocupada por ninguna persona y no está destinada a uso público..."(subrayado nuestro)


Lo anterior es claramente refutado por los habitantes de la ciudad, representados en juntas comunales, ediles y veedurías ciudadanas comisionadas para revisar los estudios técnicos y jurídicos realizados por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, quienes organizados, interpusieron un derecho de petición el 2 de septiembre del 2009, en el que destacan aspectos como que la marina privatizará aproximadamente tres cuartos de una playa popular, usada por más de 700 ciudadanos que se recrean en la misma los días de descanso. Según el artículo 8 de la ley 99 de 1993, este proyecto "viola los derechos colectivos, el goce de un ambiente sano, el goce del espacio público de las playas, la existencia del equilibrio ecológico, el patrimonio cultural de la nación y el paisaje que por ser patrimonio común deberá ser protegido"3.

Al respecto cabe resaltar que la construcción de la sociedad portuaria está acortando aún más el espacio público, pues a los ocho días de posesión del doctor Juan Pablo Diazgranados Pinedo como alcalde del distrito, autorizó la expansión de la Sociedad Portuaria desde la calle 10 hasta la calle 12, cerrando más dicho espacio que por derecho, corresponde a los samarios y samarias.

 

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