Pronunciamiento público sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín

Las condiciones de violación de derechos humanos en la ciudad de Medellín cada vez se agudizan más. Organizaciones Sociales se pronuncian al respecto.

Las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y universitarias abajo firmantes, manifestamos:

Actualmente, miles de ciudadanos y ciudadanas de Medellín, viven bajo el miedo y la zozobra y son conminados a desarrollar su vida, bajo las
condiciones del poder autoritario que les imparten organizaciones paramilitares e ilegales.

Este contexto de agresión en contra de la población civil se caracteriza por la sistemática ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, como
homicidios, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado intraurbano e intermunicipal, la violencia contra las niñas y las mujeres, las
violaciones sexuales, el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes al conflicto, la obligada deserción escolar, el confinamiento, las amenazas
a la integridad personal, las restricciones a la libertad de circulación, la imposibilidad de vivir dignamente y en paz, entre otras.

Los grupos criminales han incrementado el copamiento del ámbito escolar, circunstancia, que ha victimizado de múltiples formas a niños, niñas y
adolescentes. Una práctica similar se ha ejercido sobre las mujeres y hombres que lideran procesos organizativos y comunitarios, quienes constantemente
son intimidados y hostigados, por evitar la instrumentalización de estos espacios. De la misma manera se ha incrementado el control de las actividades
económicas afectando el sector de los transportadores y el comercio local.

Históricamente, un significativo número de Comunas ubicadas en la periferia de la ciudad, se han caracterizado por tener altos niveles de exclusión y
marginalidad, situación que no ha sido superada por la ausencia de una intervención estatal oportuna y eficaz que se exprese en la protección de los
derechos de sus habitantes. Este contexto estructural de carencias históricas se ve agravado por el cruce de múltiples dinámicas de violencia, en las que
participan fuerzas estatales y paraestatales, grupos armados vinculados al conflicto político armado nacional, junto a organizaciones criminales que están
dedicadas a diversas actividades delictivas.

Como consecuencia de lo anterior, los y las habitantes de estas comunidades han sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente
sobre los pobladores de las comunas 1, 2, 3, 6 8, y 13. Esta situación se ha agudizado en los últimos dos años debido al fracaso del proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares en la ciudad y la pugna por el control social y territorial que desarrollan estos grupos armados paraestatales,
desmovilizados y narcotraficantes por la obtención del poder hegemónico de estas zonas.

Ante los factores estructurales de los múltiples conflictos que alimentan la violencia en la ciudad, ante las acciones de ostentación de fuerza desarrolladas
en las dos últimas semanas por los actores armados ilegales en la Comuna 13 y en las demás comunas de la ciudad que han causado el desplazamiento
masivo de los habitantes de estas comunidades y la vulneración de sus derechos y ante la intervención errada por la exclusiva vía de la militarización
implementada en Medellín,

Exigimos:

1. Que el gobierno Nacional y Local reconozcan la existencia y agudización
del conflicto armado en la ciudad de Medellín y el fracaso de las operaciones
militares Mariscal y Orión por sus nocivos efectos en la situación de los
derechos humanos de la ciudad, que permitieron la consolidación y expansión
del proyecto mafioso, paramilitar y criminal en la ciudad.

2. Que se implementen estrategias de intervención, programas y acciones
institucionales con un enfoque no militarista que ataquen los factores de tipo
estructural y coyuntural del conflicto.

3. Que se develen y judicialicen a los verdaderos poderes de las estructuras
armadas ilegales que financian y promueven el conflicto del país a la vez que
se combate el fenómeno de las bandas y se depura la Fuerza Pública que
tenga relación con éstos.

4. Que las instituciones educativas de la ciudad de Medellín reciban un
tratamiento especial por parte del gobierno local y un reconocimiento público
como Territorios de Paz. Así mismo, que las medidas de prevención y
protección para los niños, niñas y jóvenes sean eficaces y se definan rutas
claras de atención que no se circunscriban exclusivamente al tratamiento
penal.

5. Que se reconozca a los liderazgos sociales y comunitarios el destacado
papel que desarrollan en la defensa, promoción y protección de los derechos
humanos en la ciudad, se respalde y garantice la realización de sus actividades
de acuerdo a la Directiva Nº.012 del 15 de julio de 2010 de la Procuraduría
General de Nación.

Medellín, 3 de septiembre de 2010

Firman,

ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA -ADIDA-
COMITÉ UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS GUSTAVO MARULANDA
CORPORACIÓN EN DERECHOS HUMANOS CONTRACORRIENTE
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD
CORPORACIÓN MUJERES QUE CREAN
CORPORACIÓN NUEVA GENTE
CORPORACIÓN NUEVO ARCOIRIS
CORPORACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO SOCIAL -CORPADES-
FUNDACIÓN SUMAPAZ
GRUPO INTERDISCIPLINARIO POR LOS DERECHOS HUMANOS
RED JUVENIL DE MEDELLÍN
RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES